El punto medular del plan revolucionario se cumplió, el
presidente Santa Anna ya vencido abandonó la capital del país el 9 de agosto de
1855 y en Veracruz se embarcó rumbo a la Habana, Cuba. Terminan las páginas de
nuestra historia donde, desde abril de 1833, él fue protagonista clave. Los
liberales habían asestado un fuerte golpe a los conservadores, quienes dieron
muestras de debilidad.
Melchor Ocampo |
Como la marca el Plan de Ayutla el paso siguiente es el
nombramiento de un presidente interino, que recayó en Juan Álvarez, reconocido
como general en jefe de la revolución, la designación fue hecha en la ciudad de
Cuernavaca en octubre de 1855. Su gabinete quedó integrado con liberales,
Melchor Ocampo en el Ministerio de Relaciones, Benito Juárez en Justicia,
Guillermo Prieto en Hacienda e Ignacio Comonfort, con características de
liberal moderado, en el Ministerio de Guerra, el más importante en la época.
Además sustituye al anterior ejército santanista por una milicia nacional que
asegurará estabilidad en todos los aspectos.
Durante la gestión se expidió la Ley Juárez, llamada así porque fue elaborada por Benito Juárez,
ministro de Justicia; previamente había sido discutida por los demás ministros
y aprobada por el presidente.
El documento suprime los tribunales especiales, con
excepción del eclesiástico y del militar, los cuales cesarán de conocer e
intervenir en los asuntos civiles y juzgarían sólo los delitos de su
incumbencia.
Es la primera, en esta etapa reformista, de una serie de
leyes que diferentes gobernantes decretarían tendientes a separar la Iglesia y
el Estado. La disposición causó impacto desde el mismo gabinete pues Ignacio
Comonfort no estuvo de acuerdo; ante las discrepancias, Juan Álvarez renunció
al cargo en diciembre de 1855, escasamente tres meses estuvo como presidente,
argumentando avanzada edad y que era conveniente dar paso a los jóvenes
liberales. Antes de dimitir, había lanzado la convocatoria a un Congreso
Constituyente.
Ignacio Comonfort |
Ignacio Comonfort, destacado revolucionario, fue el sucesor y
es respaldado por liberales moderados, el clero y los militares. Intentó
conciliar las tendencias conservadora y liberal; integró su gabinete como
personas moderadas y por otro lado, cediendo a la presión de los liberales,
decretó varias leyes de reforma.
Ley Lerdo. Inspirada por Miguel Lerdo de Tejada, se refiere
a la desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y
eclesiásticas. Consideraba poner en movimiento las propiedades que no producían
a su real capacidad y por lo tanto se convertirían en obstáculos para el
desarrollo del país. Se les prohibió poseer bienes inmuebles, de aquí que
fueran obligados a vender las propiedades.
Mediante la Ley Lerdo (25 de junio
de 1856) se emprendió un ataque frontal contra la Iglesia y las comunidades
indígenas. Durante el segundo semestre de 185 se desamortizaron inmuebles
urbanos con valor de 23 millones de pesos, de los cuales sólo 13 millones
pertenecían al D.F.
Ley de la extinción de la Compañía de Jesús. Una vez más
esta orden religiosa es expulsada del país. Entre sus actividades principales
se encontraba la de impartir educación al pueblo y por lo tanto se les
consideró como foco de insurrección.
Ley Lafragua, por el ministro de gobernación José Ma.
Lafragua, se refiere al restablecimiento de la libertad de imprenta y de
expresión e indica que ninguno puede ser molestado por sus opiniones, pues
todos tienen derecho de imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa
censura, y sin obligación de exigir fianzas a los autores, editores e
impresores.
Ley Iglesias. Inspirada por José María Iglesias, prohíbe
cobrar cuotas y aranceles a los feligreses pobres por parte de la Iglesia,
instituyéndose la llamada limosna. El
documento asienta se consideran como pobres todos los que no adquieran por su
trabajo personal, por el ejercicio de alguna industria, o por cualquier título
honesto, más de la cantidad diaria indispensable para la subsistencia, y cuyo
mínimo designará respecto de cada Estado o Territorio su gobernador o jefe
político, debiendo hacerlo a los quince días de la publicación de esta ley en
la capital del mismo Estado o Territorio. El abuso de cobrar a los pobres se
castigará con la pena del triple de lo cobrado, la cual se impondrá por las
mismas autoridades políticas locales, cuidándose de toda preferencia de que se
devuelva al interesado lo que se le obligó a pagar, y dividiéndoles la multa
por la mitad entre el propio interesado y la cárcel de la municipalidad.
La aplicación de las leyes tuvo la primera barrera en la
reacción de la Iglesia, que azuzaba a los creyentes para levantarse en armas
contra el gobierno. Los movimientos más importantes fueron el de Puebla, en el
que al grito de Religión y fueros se
rebela al pueblo, y el de la ciudad de México, en el convento de San Francisco.
Ambos fueron aplacados y en castigo al primero se desterró al obispo y se
confiscaron los bienes de la diócesis, en el segundo se apresaron algunos
frailes y militares, se cerró el convento, se nacionalizaron sus bienes y se abrió una calle para desaparecer el
inmueble.
También hubo brotes de rebelión en Michoacán, Guanajuato y Jalisco,
que se identificaban llevando una cruz en el pecho.
El país se encuentra nuevamente sumido en la inestabilidad y
divisionismo debido a un enfrentamiento más entre los conservadores y los
liberales. Rivalidad crónica que se había dado en el Congreso Constituyente de
1823, en el seno de la presidencia y la vicepresidencia, en la prensa, en los sermones
religiosos y en las constituciones, y que ahora sería en los campos de batalla,
en forma decisiva.
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